Europa no exige el pago por el uso de las autovías: en España será un impuesto más al automóvil
Comprometida con Bruselas la medida por el pago de las infraestructuras en España como parte de la negociación de los fondos de recuperación, ¿obligará la UE a aplicarla antes de 2024? ¿Qué supondrán en la práctica las autovías de peaje? Analizamos las causas y consecuencias.
PRESUPUESTO ONLINE GRATUITOEl plan de pagar por usar las autovías sigue adelante a la espera de que mejore la situación mundial y la inflación nos dé una tregua.
No nos engañemos. Si actualmente no hay un plan ya definido sobre el pago por uso de las autovías en España simplemente es por la actual coyuntura socioeconómica y política. Las consecuencias de la guerra en Ucrania, la crisis de las materias primas o el encarecimiento de los carburantes están castigando en los últimos meses muy duramente a un sector del automóvil en el que, una nueva tasa o cargo más, podría suponer su colapso total. Por eso, de momento el Gobierno ha decidido “congelar” el proyecto ya previsto.
Porque tampoco nos engañemos: el plan de pagar por usar las autovías sigue adelante a la espera de que mejore la situación mundial y la inflación nos dé una tregua. De hecho, mientras tanto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha encargado a la empresa de ingeniería Ineco y a KPMG Abogados el estudio detallado de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria para poner en marcha esta medida. El objetivo es que todo esté a punto para cuando pueda aplicarse.
Y es que el proyecto de infraestructuras de pago es un compromiso directo que España asumió con la UE para desbloquear los fondos de recuperación NextGeneration, que podrían suponer hasta 140 millones de euros siempre y cuando el Gobierno implante la medida antes de 2024. Ante esta realidad, hemos querido conocer si desde Europa obligarán el próximo año a ejecutar esta medida y cuáles podrían ser si no las consecuencias. Preguntamos por tanto a la eurodiputada de Ciudadanos Susana Solís, quien es parte activa hoy en la redacción en Bruselas de todas las leyes que tienen que ver con el automóvil y que es miembro de distintas comisiones donde se negocian los fondos de recuperación.
EUROPA NO OBLIGA A AUTOVÍAS DE PAGO: EL GOBIERNO LO HA DECIDIDO
“Lo primero que hay que tener en cuenta es que Bruselas no dice lo que hay que hacer. España ha puesto en su plan de recuperación que iba a empezar a cobrar por las autovías y en esta situación en la que nos encontramos ahora, que no podemos pagar los precios de la gasolina, que no podemos pagar nuestras facturas, pues realmente no deja de ser otro impuesto a la movilidad y tendrá que explicar el Gobierno cómo lo va a hacer. Pero Europa no obliga a las autopistas de pago y hay otras muchas formas de incentivar, como con el cambio de vehículos y la renovación del parque en función del tipo de consumo o de las emisiones”, nos asegura Susana Solís.
“¿Qué cómo lo va a hacer?”, prosigue la eurodiputada a nuestra pregunta, “pues yo no lo sé, porque repito que no es Europa quien se lo ha pedido, es el Gobierno quien se ha comprometido, pero cuando tú tienes ese compromiso en el plan de recuperación para poder desembolsar una ayuda, si no está hecho ese hito tú no vas a recibir esa ayuda correspondiente. Yo no creo que sea ahora la hora de subirnos los impuestos y que todo vaya por parte de imposiciones a los consumidores y ciudadanos”.
Por tanto, lo que es evidente es que para recibir más ayudas España deberá implantar, salvo nueva negociación, el pago por uso de las autovías que traerá una fuerte polémica. De hecho, un último estudio del RACE advierte que hasta el 79% de los conductores rechaza ya esta medida, mientras que tanto el resto de grupos políticos ajenos al Gobierno, como todas las asociaciones de transportistas, han mostrado ya su total rechazo a poner ya en marcha el plan.
El problema sin embargo sigue siendo cómo afrontar el déficit en mantenimiento de la red estatal de carreteras. Según la Asociación Española de Carreteras (AEC), éste dato alcanzó los 2.376 millones de euros en el año 2019, último del que se tienen registros, aunque el Ministerio de Transportes y Movilidad eleva la cifra a los 3.000 millones como justificación a la elaboración del proyecto de infraestructuras de pago. Veremos qué sucede finalmente en los próximos meses.
RACE advierte que hasta el 79% de los conductores rechaza ya esta medida
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